Legisladores priistas votan en contra de particularidades del Paquete Fiscal

Afectan la economía de las familias y la reactivación económica, aseguran

Estamos a favor del crecimiento económico, en contra de más impuestos e inconsistencias

Mérida, Yuc., 8 de diciembre.- En el marco de la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, en la que se discutió el Paquete Fiscal 2022 el diputado Gaspar Armando Quintal Parra, Coordinador de la Fracción Legislativa priista, dijo que es imprescindible que se haga con un debate serio, con total profesionalismo, apegados a derecho, libre de cualquier interés ajeno al pueblo de Yucatán, sin posturas dogmáticas y ni defensas a ultranza.

Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional votaron en contra, en lo particular, del dictamen del Paquete Fiscal enviado por el Gobierno del Estado y a favor de algunos elementos positivos.

Fabiola Loeza Novelo, señaló que en el documento se pretende que a los yucatecos les vaya bien, pero también es necesario decir que es perfectible, y que existen inconsistencias y errores que deben ser corregidos para dar certeza de que el gasto va a ser destinado a lo que verdaderamente se necesita y que los compromisos que se adquieren no causarán afectaciones futuras a los yucatecos.

“La crítica no es sinónimo de ataque, cuando se hace con la intención de mejorar las cosas. El saber escuchar es una virtud que permite corregir lo que no está bien y distinguir entre las opiniones que buscan proponer de aquellas que solo buscan distraer”, afirmó.

La diputada dijo que la Fracción tricolor votó en lo general a favor porque, por ejemplo: Se destinan recursos para inversión pública y seguridad, se aumentan los recursos para los municipios pues las participaciones que el Ejecutivo recibe de la federación se trasladarán a los municipios, lo que se traduce en mayores oportunidades de desarrollo y porque se prevén acciones concretas para la accesibilidad a internet.

“Pero en lo particular votamos en contra porque el presupuesto es inequitativo en las asignaciones presupuestales entre los poderes y entes autónomos, es incongruente en la aplicación de la asignación del presupuesto del Poder Judicial. Porque al analizar lo que se refiere a deuda a corto plazo se puso de manifiesto que no existen finanzas sanas, pues para el cierre del ejercicio 2021 el Ejecutivo pretendió cubrir su sobregiro en las finanzas públicas contratando deuda a corto plazo por 1,500 millones de pesos y no se contemplan recursos para liquidar el adeudo en 2022”, añadió.

La legisladora Karla Reyna Franco Blanco, mencionó que no se incluyeron las propuestas que realizó la bancada priista, relacionadas con posponer el cobro reemplacamiento, eliminar el cobro de los derechos por los servicios que presta el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, ni tampoco se incluyó que el Gobierno del Estado deba informar a la ciudadanía sobre los bienes públicos que pretende cambiar de posesión para el siguiente año, o vender.

En lo referente a la iniciativa sobre peritos y avalúos, Quintal Parra señaló que el sentido del voto priista fue en contra porque existen aspectos que limitan el libre ejercicio de la profesión de valuador, generando desde los motivos que se exponen, una especulación, discriminación y estereotipo a este sector, respecto de la posibilidad que, en el ejercicio de su encomienda, efectúen actos que contravengan la Ley.

Estas son las precisiones que hizo Quintal Parra en su intervención:

“Consideramos que hay aspectos que limitan el libre ejercicio de la profesión de valuador, generando desde los motivos que se exponen, una especulación, discriminación y estereotipo a este sector, respecto de la posibilidad que en el ejercicio de su encomienda, realicen actos que contravengan la Ley.

“Vemos riesgo de manipulación y de control que atenta contra la libertad de ejercicio de la profesión, ya que esto obligará al gremio de valuadores a someterse a una autoridad estatal, la cuál tendrá facultades fiscalizadoras y de decisión respecto a su labor.

“Pensamos, que la norma pone en tela de duda el profesionalismo de peritos, corredores públicos y de quienes están técnicamente facultados para realizar avalúos. La propia cédula profesional y el título deben ser suficientes para el ejercicio de una profesión, sin que exista argumento que valide lo contrario.

“El Insejupy, pretende fungir como autoridad fiscal para la revisión y validación de avalúos comerciales que se requieran para las transmisiones de propiedad o bien, tratándose de inscripciones por primera vez en catastro y registro público o para la actualización de la cédula o valor catastral. Se nos informó que solo aplicaría en municipios que no cuenten con su propio catastro, sin embargo, esto no se observa en el dictamen en discusión.

“El perfil del personal que determinará las capacidades técnicas es del mismo nivel que el de los evaluados, siendo el área encargada de realizar el examen y determinar éstas, es la Jefatura de Archivo y Enlace Municipal, cuyas atribuciones y estructura no son acordes a esta función.

“A los peritos se les exigirán una diversidad de obligaciones, pero a las personas que habrán de revisar, ¿a éstas quién las vigila? ¿Cuáles son los mecanismos de control de esquemas anticorrupción?

“Resulta cierto que, en otras entidades tienen padrones similares, no menos cierto es que, no sabemos si en esas entidades ha habido resultados positivos.

“Por otro lado, si bien, la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal establece la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa, no debe considerarse en perjuicio de ninguna de las partes en una compraventa, en la que se desconoce los motivos de esta enajenación; y que si es verdad que, le representa un ingreso, también es posible que, recaiga sobre su único bien y medio de subsistencia; por lo tanto, no lo reconocemos como una vía idónea para obtener mayores ingresos públicos.

“Asimismo, la propuesta deja a un lado que una operación inmobiliaria, llámese traslado de dominio por compraventa, donación, herencia, dación en pago, adjudicación por remate, permuta, entre otros; causa 5 impuestos, que dos son del orden federal, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta, uno del nivel estatal, que se conoce como Impuesto Cedular y, dos municipales, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y el Impuesto Predial.

“Además de todo lo anterior, y no menos importante, es la falta de prácticas de gobierno y parlamento abiertos que si bien no son vinculantes, se han dejado a un lado las opiniones y propuestas de personas expertas que manifiestan la contravención al ejercicio de la profesión de valuadores en el estado de Yucatán”.

Los detalles de las intervenciones se pueden seguir en el FB Henequenales Noticias Yucatán. (Las fotos son de Antonio Sánchez González).


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